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El Gobierno de Sánchez gastará 214 millones de euros en demoler el Valle de los Caídos y exhumar los huesos de más de 100.000 republicanos

Los vetos que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a la reforma de la Memoria Histórica tienen los días contados.
Según fuentes de la dirección socialista, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entiende que no conlleva un impacto importante sobre los Presupuestos, y levantará el veto presupuestario que las mantiene congeladas en el Congreso para que puedan iniciar su tramitación y ser debatidas en el Pleno. La luz verde de estos textos no admite duda entre los socialistas dado que han sido impulsados por ellos.
La proposición de Ley para la reforma de la Memoria Histórica reclama la nulidad de los juicios franquistas lo que permitiría a reclamar a las familias de las víctimas políticas, señala al Estado como responsable de localizar y exhumar las fosas con los huesos de más de 100.000 republicamos  y propone retirar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y apropiarse de este monumento, construido en honor a todas las víctimas del conflicto.
Para ello propone demolerlo y ‘reconvertirlo’ en un “centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”.
El anterior Ejecutivo popular estimó que incrementaría los créditos presupuestarios en más de 214 millones.También se obligará al Ministerio de Educación a incluir en los programas educativos “la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, así como a la formación de profesores con los nuevos datos obtenidos de la investigación sobre la memoria democrática, la inclusión en el currículo de todas las edades (de Primaria a la Universidad) de la memoria democrática y la promoción de investigaciones sobre la “represión franquista”.
Por otra parte, la ley insta a los medios de comunicación públicos, a promocionar “el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia” y dando difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica.
Pedro Sánchez (centro), ante una de las fosas comunes que hay en el cementerio de Paterna (Valencia)
Pedro Sánchez (centro), ante una de las fosas comunes que hay en el cementerio de Paterna (Valencia)
En lo que respecta a las medidas represivas contempladas por la nueva ley socialista, se impondrán multas de 2.000 a 10.000 euros de multa para quienes se nieguen a cumplir una resolución sobre la retirada de un símbolo por considerarse franquista. Ha habido muchos casos de este tipo al querer retirar cruces por considerarse franquistas.
De 200 a 2.000 euros de multa para los que exhiban públicamente elementos contrarios a la Memoria Histórica.
De uno a cuatro años de prisión para los que públicamente “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo por su condición”.
También para quienes distribuyan o vendan escritos con la misma condición del apartado anterior.
Se contemplan asimismo penas de seis meses a dos años cárcel para quienes enaltezcan o justifiquen el franquismo y se destruirán los libros que se atrevan a cuestionar los dogmas ideológicos de la Memoria Histórica
En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo por un tiempo superior entre tres y diez años de la pena por privación de libertad que se le imponga por el delito relacionado con faltar a la Memoria Histórica.
Se aprueba la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, etc. que den soporte a los delitos de los apartados anteriores.
Para los funcionarios públicos que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado voten en contra de medidas que supongan la aplicación de la memoria democrática, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con entre un año y medio a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de empleo o cargo.
Esta iniciativa contaría con el apoyo de Unidos Podemos así como de nacionalistas vascos y catalanes y por tanto saldría adelante.

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