Cada Castellano Manchego debemos 7100€
Hay cuestiones y datos
que los Castellano Manchegos debemos conocer porque habitualmente no se les da importancia ni
transmiten en los medios de comunicación, ni se tratan en las tertulias, pero
que nos afectan a todos de forma clara en nuestra forma y calidad de vida. De
esos datos que apenas conocemos dependen los servicios que desde la JCLM nos deben
ofrecer a cambio de los abundantes impuestos que pagamos.
Es curioso que cada
vez que nos gobiernan los Partidos “progresistas” de “izquierda” (no sé de
donde se sacan lo de progresistas) volvemos a pisar las arenas movedizas de la
deuda y la inseguridad.
Hoy os traigo un
artículo publicado en el digital clm21.es que
me ha parecido muy interesante y clarificador, os recomiendo que lo leáis completo.
Espero que os guste e ilustre.
Cada castellano-manchego, tenga la edad que tenga, tendría
que pagar 7.100 euros para cubrir la deuda del gobierno regional
Martes 03 de abril de 2018
Si las familias de
nuestra Comunidad tuvieran que hacer frente a la deuda que arrastra e incrementa
año tras año el gobierno del presidente García-Page, tendrían que abonar a
razón de 7.100 euros por cada uno de los componentes del hogar. El gobierno del
presidente García-Page es el segundo más endeudado en relación a la riqueza
regional, con un 36% del PIB de la Comunidad, sólo superado por el valenciano
(42,5%). Sin embargo, los hogares de Castilla-La Mancha son, junto a los
extremeños y canarios, los que menos ingresos netos medios anuales tienen.
Nunca antes la deuda pública regional se había aproximado a los 14.500 millones
de euros. En los dos primeros años de mandato la carga ha subido en 1.004
millones de euros y se sitúa en 14.430 millones. Todo ello sin contar las
facturas que debían a sus proveedores y otros pagos a beneficiarios de
subvenciones, otros 246 millones de euros.
A pesar de los comunicados oficiales en los
que el ejecutivo trata de trasladar los esfuerzos por el control financiero,
los datos anticipados y las proyecciones reflejan la incapacidad del ejecutivo
de García-Page de tener bajo control las finanzas públicas, que continúan
deteriorándose, con la consiguiente repercusión negativa en los servicios
públicos regionales y en los ciudadanos.
El gobierno regional tenía que cumplir tres
obligaciones en 2017 para no tener que hacer planes de ajustes y recortes en
los servicios públicos. El primero era no sobrepasar el déficit entre ingresos
y gastos en un 0,6% del PIB. Los datos anticipados lo sitúan en el 0,72%. El
segundo era no tener una deuda pública que sobrepasara el 35% del PIB. Antes de
hacer los ajustes, la deuda ha llegado al 36% y las proyecciones una vez
aplicados los ajustes la sitúan en el 35,4%. La tercera obligación financiera
era no aumentar el gasto en más de un 2,1% durante el año pasado. A finales de
noviembre llevaba ya el 1,9% y el fuerte ritmo y el hecho de que diciembre sea
tradicionalmente uno de los meses de mayor gasto hizo que el Ministerio
reconviniera a la Consejería para que frenara, porque existía un riesgo
evidente de incumplimiento. El gobierno de García-Page tiene que presentar
ahora un plan de ajustes y de recortes en los programas de gastos de 2018 para
corregir las desviaciones de 2017.
Otro requisito adicional, este para poder
beneficiarse de los mecanismos extraordinarios de financiación, es el de pagar
a los proveedores en menos de 30 días oficiales. El gobierno regional cerró
diciembre con un Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP) de 15,46 días y una
deuda de facturas sin pagar de 156,27 millones de euros. Esto le permite
obtener créditos a través del Estado que no podría conseguir en el mercado.
Hasta el punto que de los 14.430 millones que debe, 10.742 millones son al
Estado.
A finales de año debía 14.430 millones en
créditos, 156 millones a proveedores y 90 a beneficiarios de ayudas y convenios
A finales de enero de 2018, el gobierno del
presidente García-Page todavía debía a sus proveedores 81,1 millones de euros
de esos 156,27 con los que cerró diciembre y había acumulado nuevas facturas
por 131,95 millones. De hecho, el pasado mes de enero ha sido con 17 días el
peor mes en PMP de los últimos trece, con excepción de mayo del año pasado
(19,95 días).
Cuando el lunes 26 de marzo el consejero de
Hacienda daba los datos de incumplimiento del déficit público por parte de la
Junta, clm21.es se interesaba
por los otros dos factores que determinan o no el cumplimiento de los criterios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que en definitiva
son los que marcan la salud de las finanzas públicas: la deuda pública y el
límite de crecimiento de gasto del gobierno. En ese momento el consejero habló ante los periodistas de
que esperaba cumplir y que la deuda se había quedado en 14.200 millones de
euros. Sobre la regla de gasto dijo que esperaba haber cumplido, a pesar de que
en diciembre el gobierno regional había sido requerido por el ministerio para
que corrigiera el ritmo de gasto que tenía a tan sólo unas semanas de acabar el
año.
El miércoles 28 de marzo, tan sólo dos días
después de la rueda de prensa del consejero, los datos reales volvían a
desmentir al gobierno. Castilla-La Mancha cerró 2017 con una deuda financiera
de 14.430 millones de euros, el 36% del PIB y 230 millones más alta que lo
anticipado por el ejecutivo. El límite que no se podía rebasar en el caso de
Castilla-La Mancha era el del 35%.
En esa cuantía de 14.430 millones falta hacer
algunos ajustes y descontar las cantidades destinadas a financiación de deuda
de años anteriores Con todo, las proyecciones apuntan a que la cifra final
habría alcanzado el 35,4% y el gobierno del presidente García-Page habría
incumplido el segundo de los criterios. Será en octubre cuando oficialmente se
conozca el dato.
Lo mismo sucede con el tercer criterio de
obligado cumplimiento, el límite de gasto que no se podía incrementar en más de
un 2,1% sobre el de 2016. Ese porcentaje se calcula en función de las
previsiones de crecimiento medio del PIB para un periodo y trata de asegurar
que el gasto no crece de forma desbocada sin un respaldo de ingresos. A finales
de noviembre, el gobierno había alcanzado ya el 1,9%, pero había aumentado el
ritmo de gasto en un 5,25% en ese mes lo que hacía temer al Ministerio que de
mantenerse ese porcentaje en diciembre, la Junta no cumpliría el objetivo.
En cuanto a la deuda pública, el gobierno
consciente de que el dato final no es bueno ha recurrido a tratar de trasladar
que “el control de la deuda pública por parte del Ejecutivo regional está
siendo una constante a lo largo de toda la legislatura, ya que desde junio de
2015 Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma de régimen común que
menos ha incrementado su porcentaje de deuda pública sobre el PIB”.
Las cifras revelan que Castilla-La Mancha fue
durante el pasado año la octava región en la que más creció la deuda pública.
Esa misma posición la ocupa también si se toma el periodo 2016-2017, los dos
años de presupuesto completo del gobierno del presidente García-Page.